Articulación entre la histórica tradición argentina y regional de construcción de vivienda nueva, con otros instrumentos con el objetivo de reducir la demanda de política habitacional por parte del Estado. Incluye el avance en una gestión integrada con los barrios populares; fortalecimiento de los gobiernos locales; y consolidación de barrios con mayor calidad urbano ambiental.
En los últimos cincuenta años, la tasa de urbanización en América Latina sufrió un crecimiento exponencial, incrementándose entre un cuatro y hasta un diez por ciento en algunos países de la región. Este proceso acelerado implicó grandes desafíos para los gobiernos locales y nacionales en materia de desarrollo urbano, construcción de vivienda y provisión de servicios básicos al ciudadano.
El derecho a la vivienda adecuada fue reconocido como derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948. Si bien la mayoría de los Estados han incorporado la vivienda como un derecho en sus constituciones (en Argentina se incorporó como derecho en la Constitución Nacional de 1994), existe una brecha evidente entre los marcos normativos y jurídicos y la ejecución de los derechos.
Según los informes publicados de ONU Hábitat, el derecho a la vivienda adecuada debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte, y reunir los criterios de: seguridad en la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación; y adecuación cultural. El término comprende también el acceso a espacios públicos de calidad, transporte, equipamiento educativo y de salud, que hacen también a la calidad del hábitat.
El principal déficit habitacional que existe en la provincia de Buenos Aires, no es la cantidad de vivienda que falta construir, si bien es necesario continuar con esa línea de producción, sino su calidad. Actualmente, el déficit cuantitativo de vivienda representa el 30% del déficit total en áreas urbanas, mientras que el mayor porcentaje de déficit se relaciona con la cobertura y calidad de los servicios, la seguridad en la tenencia de la vivienda, y la calidad o carencia de materiales constructivos adecuados.
En este eje, se propone lograr articular la histórica tradición argentina y de la región de construcción de vivienda nueva con otros instrumentos para la mejora del gran número de unidades deficitarias; avanzar en una gestión integrada con los barrios populares; fortalecer a los gobiernos locales para que los plazos de construcción y facilidades de financiamiento sean parte de la agenda a la hora de planificar la vivienda nueva; y consolidar barrios de mayor calidad, ubicados cerca de las oportunidades laborales.
